Sobre el concurso público para el diseño del monumento a Chiquinquirá
Maracaibo - Venezuela
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Desde los albores de la civilización, las personas se han reunido en comunidades, creando escenarios para la reflexión, la construcción y el desarrollo de ciudades y cultura urbana. En este contexto, los concursos de arquitectura emergen como herramientas necesarias para reunir a diversos actores y ejecutar acciones que conduzcan al éxito y progreso de las ciudades.
Según Edward Glaeser, “Las ciudades provocan eclosiones intelectuales, en las que una idea inteligente engendra otras”. Por lo que las ciudades se entienden, como territorios dónde deben ser los ejercicios técnicos, científicos, artísticos o literarios, los que permitan establecer objetivos concretos y las estrategias idóneas que permitan construirlas. Es por ello, además, que los concursos son ejercicios genuinos para catalizar procesos, ideas y proyectos, con el objeto fundamental de fijar posiciones o tomar partidos ante una necesidad específica, con el fin de encontrar ideas inteligentes y apropiadas de la mano de un jurado que se convertirá en un grupo que, además de los concursantes, también será evaluado por ser conductores del proceso de elección.
La arquitectura debe desempeñar un papel en la crítica de los hábitos políticos que influyen en el entorno construido y la vida social de las ciudades, basado en una relación histórica y estrecha, la política influye en la arquitectura y el urbanismo, a través de sus leyes, en los fondos para desarrollarse y en la gestión de concursos públicos para la construcción de las ciudades.
Hablamos, desde hace mucho tiempo, de la necesidad de que toda obra pública que impacta sobre nuestras ciudades sea adjudicada mediante concursos que también sean públicos, Y no sólo la obra, sino la proyección de edificios o infraestructuras públicas, que se asignan, en algunos casos, mediante licitaciones o subastas públicas – no siempre transparentes- o incluso de manera directa y con mayor opacidad.
En el caso de la arquitectura, el concurso del proyecto permite que se puedan comparar varias propuestas, pero además abre la oportunidad a que arquitectos jóvenes o con menor trayectoria tengan acceso a la posibilidad de desarrollar obras públicas y, también, que se presenten soluciones inesperadas, motivando mediante el concurso la innovación sobre los temas a convocar. Pero, sobre todo - y no menos importante- el concurso puede dar mayores garantías, tanto a los participantes como a los ciudadanos, de que en la asignación de los proyectos públicos no haya privilegios, compadrazgos o complicidad. De esta manera, los concursos ayudan - aunque no son la única solución o alternativa- a pensar, imaginar y soñar con mejores ciudades.
La calidad de un concurso dependerá en buena medida de la planeación que le precede, de determinar el programa y las condiciones bajo las cuales se debe concursar, y de la posibilidad real de que, si ese es el objetivo, el proyecto que se elija sea llevado a buen término. El concurso, pensado de una manera más amplia, no solo es una competencia, es la afluencia de muchos en el intento por opinar o construir algo, y así, mejorar el entorno y solucionar algún problema o necesidad de la colectividad.
Más allá de concebirse como una oportunidad o un aparador para talentos conocidos o por conocer, los concursos para las obras públicas deben imaginarse como parte de un sistema más complejo y completo de gestión, de participación, de transparencia; y entender que, sin una deliberación amplia, sin sesgos, con un debate abierto y con claridad absoluta, el concurso por sí mismo no arreglará nada.
Nos falta una cultura de concurso sólida y educada, no solo a los arquitectos y profesionales sino al público en general, una sociedad que entienda de su importancia y su necesidad, que asista a exposiciones, que se entere por la prensa de estas actividades, que escucha y que se permite informar por otros profesionales, que lee los argumentos de los miembros de un jurado y que, entre todos, como sociedad, nos informamos y educamos a través de la amplia difusión sobre ellos.
Los concursos públicos de arquitectura tienen una alta misión pedagógica, formativa y de trascendencia colectiva. No sólo instruyen al concursante en lo creativo y disciplinar, no solo preparan al jurado en la crítica y en el ejercicio de la justicia, sino también, y primordialmente, en la enseñanza colectiva de un público en general sobre el sentido y la aplicación de la arquitectura y su función social.
Es preciso que las justas en las que la arquitectura puede incidir para el desarrollo de nuestras ciudades constituyan el más alto exponente de nuestra cultura, y que pueda darse al margen de personalismos, de pequeños intereses, de intrigas exiguas, de politiquerías, de codicias o egoísmos. Para esto, los concursos deben estar cuidadosamente organizados, tomando como referencia los más altos estándares, con bases y documentos sumamente precisos, definitivos, inequívocamente claros, y sin contradicciones ni ambigüedades que puedan provocar interpretaciones heterogéneas de los concursantes y del público en general; todo debe ser netamente preciso y debe dar al concursante una impresión de confianza, de consistencia y formalidad. Misma certeza, consistencia y fundamento, que se debe transmitir a la sociedad con la elección de un jurado, escogido de manera inflexible, con características y trayectorias impecables, que actúen sin presiones o manipulaciones, y que se permitan escoger las mejores ideas para nuestras ciudades.
En el desarrollo de un concurso, la prolijidad y el rigor son esenciales. Cualquier descuido en las bases o en su propio desarrollo puede ser causa del fracaso de desprestigio. El anonimato, por ejemplo, es fundamental para la equidad y debe ser protegido meticulosamente por todos los involucrados. Si algún concursante, antes del fallo del concurso, hace evidente su autoría en un proyecto, recae en un grave perjuicio en el desarrollo del concurso, y si además esta acción es menospreciada por el jurado y organizadores, genera un precedente grave en la realización del mismo.
Si la convocatoria a un concurso es confusa y mal redactada, con resultados asombrosos, con modificaciones de los plazos cuando ya esté en curso el desarrollo del mismo, cuando hay opiniones que se hacen públicas antes que se dé el fallo, cuando se realiza la exposición de ideas y proyectos que rompen el anonimato antes del resultado, cuando hay políticos en pugna con técnicos dentro del mismo jurado, hace evidente un proceso lleno de irregularidades, una visible falta de planeación, una confusión constante, un descuido desde lo ético y lo profesional, y por ende, hace que el resultado sea inoperante, desorientado e ineficaz.
El concursar, es un procedimiento genuino para modelar ideas. Entre todos debemos seguir promoviendo la realización y participación de concursos públicos, fomentemos ser parte de la conversación y la reflexión, educándonos, y proponiendo ideas que permitan provocar diálogos colectivos de interés para toda la sociedad sobre el futuro de nuestras ciudades. Construyamos más y mejores concursos para nuestras ciudades donde el rigor, la excelencia, la transparencia, lo ético, la profesionalidad, la eficiencia y la confianza no sean algo extraordinario.